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El
gobierno, en paralelo a su reaccionaria política económica y laboral,
ha decidido envestir frontalmente contra un derecho tan fundamental como
es el de manifestación. Viendo sus "buenos" resultados en cuanto a usar
las reformas legislativas para introducir medidas con intenciones
meramente ideológicas, el PP va a llevar a cabo un cambio en el código
penal que sancionará con no menos de dos a años a quien convoque
manifestaciones (ellos lo califican directamente de "actos violentos")
desde Internet. Además se equiparará el enfrentamiento con la policía en
cualquier contexto (por ejemplo en una huelga general) a la categoría
de acto terrorista. A esto se suma la consideración de cualquier
resistencia pasiva o desobedencia civil activa no violenta (sentadas,
corte de carreteras sin agresiones, ocupación de edificios o lugares
públicos, etc) como una forma de atentado grave a la autoridad. Y no hay
que olvidarse de otros detalles importantes, como el creciente "trato
legal" contra todo el que critique o se exprese sin reparos en contra de
la iglesia católica y sus símbolos, también para quien lo haga contra
la monarquía. Es evidente que con esta política represiva por la vía
legislativa (cuando se supone que la justicia debe ser una institución
autónoma de lo político, aunque ya sabemos que eso es mentira) el
gobierno de Rajoy busca desactivar las distintas movilizaciones que se
han producido en los últimos tiempos, movilizaciones que han surgido en
su mayor parte muy al margen de partidos políticos y organizaciones
estatales, con una participación muy espontánea de la gente y con un
carácter eminentemente asambleario, por lo tanto muy difíciles de
controlar o canalizar mediante los resortes ordinarios con los que el
régimen capitalista suele tratar cualquier movimiento revindicativo. Por
ello el PP ha planeado meter en la cárcel a todo aquel que ose
manifestar su desacuerdo con la remontada neoliberal que está llevando a
cabo en nuestro país a costa de derechos innegociables, la destrucción
de los servicios públicos y el desprecio a la dignidad de la clase
trabajadora.
Quizás el gobierno piense que la movilización del pueblo se va a
frenar con estas medidas, pero es evidente que no hará sino
recrudecerla. A la indignación se sumará la sensación de impotencia y
aislamiento, lo cual supone un coctel con un potencial altamente
explosivo. Y si lo que el estado busca con todo esto es la
radicalización de los movimientos sociales para tener una buena excusa
para reprimir sin contemplaciones quizás se encuentre con una situación
muy difícil de manejar, ya que es muy predecible que esta radicalización
no afecte solo a una minoría controlable, sino que surgirá de un amplio
sector de la población que ya sufre y que sin duda seguirá sufriendo
las consecuencias directas de los desmanes del sistema. Sin canales más o
menos legales por los que canalizar tanta rabia es evidente que la
violencia, y esta vez no meramente simbólica o como consecuencia de
enfrentamientos con la policía, hará su aparición de una forma u otra.
Quizás el gobierno debería comprender que su política salvaje y
reaccionaria no lleva a ninguna parte que no sea la miseria y el
profundo descontento social, y que de hecho puede llevar a su propia
destrucción. Rajoy es un presidente condenado a la dimisión, no va a
acabar su legislatura, aunque está claro que se agarrará al mando de
todas las maneras posibles antes de que eso ocurra. Esta reforma
legislativa para impedir al pueblo la manifestación es una de esas
maneras, y quizás, paradójicamente, una de las principales razones que
le llevará a tener que dejar el poder.
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