PAREMOS EL DESHAUCIO!!!

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La amenaza del desahucio se cierne sobre dos vecinos de Berango. Una pareja de baserritarras de la localidad vizcaína podría quedarse en la calle por no poder hacer frente a un préstamo de 25.900 euros.


DESDE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA ANMAMOS Y NOS UNIMOS A LAS MOVILIZACIONES PARA EVITAR EL DESAHUCIO DE ESTOS ANCIANOS
La pesadilla para este matrimonio de avanzada edad comenzó cuando acudieron al banco para solicitar un préstamo que les permitiera abordar una serie de reformas en su caserío. Ninguno de los bancos que consultaron accedió a sus peticiones, por lo que se pusieron en contacto con una entidad de crédito instantáneo, que aceptó concederles los 25.900 euros. Como aval, pusieron el conjunto del caserío y varios terrenos adosados al mismo, tasados en 540.000.

Las cláusulas del préstamo incluían un tipo de interés del 5% más otro de demora del 29%, y la pareja no ha podido devolver el importe. La empresa decidió entonces interponer una denuncia para ejecutar el aval el próximo 27 de septiembre, diez días después de que venciera el plazo acordado.

«Víctimas de un abuso»

EHNE-Bizkaia, la asociación de agricultores del País Vasco, denunció ayer el caso porque considera que estos berangueses han sido «víctimas de un abuso», dada la desproporción existente entre el valor del crédito y el del aval. «Se han aprovechado de su desconocimiento en la materia para establecer unas condiciones injustas a sabiendas de que no podrían cumplirlas, para así apoderarse de la vivienda y las tierras», señalan desde el colectivo, que se puso en contacto con los prestamistas el pasado jueves para realizar una petición formal de demora del desahucio. Tras la negativa de la entidad a aceptar la medida con el argumento de que, «técnicamente» el caserío ya es de su propiedad, el sindicato de agricultores afirmó ayer que seguirá insistiendo para defender a estos berangueses y para ello se reunirán con diferentes instituciones de la comarca.

La ronda de contactos incluye al Ayuntamiento del municipio, que ya ha manifestado que «aunque sea doloroso, no podemos intervenir porque es una cuestión privada». El Consistorio conocía la situación en la que se hallaban los vecinos de la localidad y trató el asunto con ellos y con sus servicios jurídicos. Posteriormente, se organizó una junta de portavoces para informar del asunto a todas las fuerzas políticas del pueblo, que coincidieron en que «dado que es un tema que afecta al derecho privado, de momento no podemos hacer otra cosa que atender las necesidades sociales de la pareja».